Derecho Constitucional

Con un click ya sé por quién vas a votar, atentamente tu gobierno

Por: Santiago Serrano Pabón 

Internet es el oráculo de los nuevos gobiernos, puesto que es la herramienta ideal para conocer el impacto de las decisiones tomadas en el pasado y de proyectar las del futuro. Este mágico acto es posible gracias a la información que los electores compartimos por medio de nuestras interacciones en redes sociales o al consultar distintas páginas de internet, la cual se vuelve publica y de fácil acceso. Sin embargo ¿hasta qué punto esta información que se publica en internet puede ser usada por el gobierno?

Este fue uno de los puntos que tuvo que discutir el tribunal superior de Cali y luego la corte suprema de justicia, por la tutela que impuso el abogado Elmer José Montoya Gallego contra el gobierno nacional de Colombia y la empresa Du Brands. En donde se reclamaba la violación de sus derechos de habeas data y libertad de expresión, debido a que se le incluyó en una lista que clasificaba a varios influenciadores de redes sociales en negativo, positivo o neutro respecto de su posición frente al gobierno.

 La defensa de la empresa Du Brands y la del gobierno nacional se basó en decir que la información con la cual se hizo esa clasificación era pública y que además la escogencia de las personas que estaban en la lista fue objetiva, porque se hizo por medio de la API (application programming interface) de Twitter, la cual es publica y permitió ver cuáles eran las personas que con alto número de seguidores opinaban acerca del gobierno nacional. Y que ya con esta información pública era posible hacer la correspondiente clasificación en negativo, positivo o neutro.

El tribunal de Cali y la corte suprema de justicia en este caso establecieron que la actuación del Estado y de la empresa Du Brands con la lista de influenciadores, si vulneraba el derecho de habeas data y de libertad de expresión, debido a que, al hacer una clasificación respecto de la posición del accionante con el gobierno, se estaba determinando su orientación política, el cual es un dato sensible según el artículo 5 de la ley 1581 de 2012.

Además, establecieron que no importaba que el señor Elmer montaña compartiera en sus redes sociales su posición política y la hiciera pública, puesto que al tratarse de un dato sensible este no podía haber sido tratado sin haber pedido previa autorización. De esto mismo se pronunció la corte constitucional en su sentencia C-748/11 que declaro la exequibilidad de Ley 1581 de 2012 en donde dijo que “el hecho de que un dato sensible se haga público, no lo convierte en un dato de naturaleza pública que cualquier persona pueda someter a tratamiento. Por tanto, pese a la divulgación de un dato por su titular, la posibilidad de someterlo a tratamiento debe sujetarse a su consentimiento expreso, previo e informado.

Ya para dar respuesta a la pregunta inicial damos cuenta que el límite está en que el dato sea sensible y que exista una autorización para que este sea utilizado. Sin embargo, queda un sin sabor, debido a que es imposible controlar materialmente que un dato sensible que es público en internet sea tratado o no, debido a la velocidad y la facilidad en que se puede acceder a la información en internet, por lo cual el gobierno y otras entidades estatales pueden hacer uso de estos datos fácilmente y pocas veces nos enteraremos de su tratamiento, a menos que se hagan publicas como resulto en este caso.

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