Obligaciones

COVID 19 Y FUERZA MAYOR ¿HAY EXCUSA PARA NO PAGAR?

ANDRES FELIPE SERRANO

Por: Andrés Felipe Serrano Pabón

La cultura del no pago no puede respaldarse bajo la figura de la fuerza mayor. Este término con frecuencia se utiliza de manera indiscriminada, alejándolo de su verdadero significado jurídico. Pensar que hay una situación de fuerza mayor generalizada, que excluye del pago de las obligaciones, es una interpretación jurídicamente errónea y una amenaza latente que agravaría la crisis emergente.

Con las restricciones de la movilidad que pretendían el aislamiento social y con ello evitar la propagación del Covid-19, se enfrentó la salud con la economía.  Y, por su lado, el mundo jurídico quedo mediando dicha disputa. Bajo este contexto se ha recurrido al término de fuerza mayor, con el fin de liberarse diversas obligaciones, sin embargo, muchas veces se utiliza de forma inadecuada, respecto a su verdaderas consecuencias jurídicas.

El punto de partida para entender en que consiste la fuerza mayor es considerar los elementos que la componen: exterioridad, imprevisibilidad e irresistibilidad de un hecho. La combinación de dichos elementos en imposibilitan el cumplimiento de las prestaciones debidas en un negocio jurídico especifico.

Ahora bien, es probable que como lector asocie  la situación de pandemia con los elementos mencionados:

  • Existencia de una pandemia y una decisión administrativa de cuarentena son hechos externos.
  • Los hechos se escapan de los aspectos normales o cotidianos de cualquier relación contractual, por ende, se cumple el factor de imprevisibilidad.
  • Es notorio que las partes no pueden hacer nada para evitarlo, es decir es irresistible tanto biológica como administrativamente.

Sin embargo, pese a que se cumple con los requisitos facticos, es incorrecto pensar que, la fuerza mayor, se pueda enmarcar cualquier relación jurídica. Por lo tanto, se debe analizar  cada caso en especifico e inclusive la obligación en concreto de cada contrato, con el fin de determinar la posibilidad o imposibilidad de incumplir con la prestación debida, teniendo en cuenta las condiciones extraordinarias. Lo anterior en términos jurídicos formales se le conoce como la imposibilidad sobreviniente, la cual es un elemento necesario para alegar la fuerza mayor.

Es por ello que no se puede hablar de una fuerza mayor generalizada, puesto que es necesario demostrar que los hechos externos, imprevisibles e irresistibles tengan una relación directa, o un nexo causal, con la imposibilidad de cumplimiento de la obligación. Es decir, que cada contrato o negocio jurídico  se debe analizar de forma independiente y separada.

Otro aspecto delicado a tener en cuenta es la ley aplicable al caso específico, pues cada área del derecho le da un alcance y tratamiento distinto a la fuerza mayor. Por ejemplo, el alcance de la fuerza mayor en derecho laboral es muy limitado respecto al alcance que se le puede dar en una relación civil o comercial.

No siendo suficiente, también se debe observar la clasificación de las obligaciones:  si es de dar, hacer o no hacer.  Es por ello, que las partes del negocio jurídico deben revisar si la prestación debida se puede acomodar a las nuevas condiciones de hecho o si realmente el pago de la prestación es incompatible con las nuevas circunstancias, por lo cual cabria alegar la fuerza mayor. Este es el caso de las obligaciones de dar y hacer, en dónde se requiere una relación persona-persona que bajo decretos administrativo de aislamiento social sería imposible cumplir.

Entrando en la materia de la clasificación de las obligaciones, me gustaría enfocarme en las obligaciones de dar dinero u obligaciones dinerarias, ya que la fuerza mayor no es compatible con estas obligaciones. El dinero al ser un bien fungible por naturaleza, no se afecta en sí mismo por los hechos externos, es decir que por sus características jurídicas siempre se puede pagar.

El detrimento patrimonial que pueda sufrir el deudor como resultado de la pandemia, o por las decisiones políticas y económicas de los Estados, sin que este se encuentre en un estado de insolvencia, no se podría alegar como causal de fuerza mayor para eximirse de la responsabilidad.

De aceptar que la fuerza mayor puede eximir al deudor de obligaciones dinerarias, estaríamos afectando recíprocamente el patrimonio del acreedor quién tendría que soportar la carga del incumplimiento. Incluso, se podría hablar de enriquecimiento sin justa causa por parte del deudor, al eximirse de un pasivo por una situación de inestabilidad económica general a costas de un empobrecimiento correlativo de su acreedor, cuando este primero tenia aún capacidad y deber de pago.

Sumado a los argumentos ya expuestos, pretender interponer la figura de fuerza mayor para incumplir con las obligaciones, implica un riesgo económico imparable. Sobre todo cuando esto se traslada al mundo financiero, comercial y laboral, puesto que el incumplimiento de una persona implica limitar la capacidad de gasto de otra; y si esto se repite de forma sistemática, se rompería con la cadena normal de circulación del dinero llevando a las personas a un estado de iliquidez incluso hasta la insolvencia. Es importante aclarar que esto no solo afecta a los empresario, sino a los millones de personas que son beneficiarios directos o indirectos de esta ecuación, ya sea por su empleo o relaciones comerciales derivadas.

Existen otras figuras en el derecho, como lo es la imprevisión, que permitiría hacer un ajuste económico en los contratos, sin que necesariamente se evoque al incumplimiento de los mismos. Hay mecanismos jurídicos emergentes de la voluntad de las partes, que permiten renegociar transitoriamente los contratos, para que, en un llamado a la solidaridad, las partes entren a revisar sus contratos y puedan pactar nuevas condiciones que entiendan y atiendan a las circunstancias actuales.

En estos momentos de crisis generalizada, el compromiso social mas significativo que puede tener un individuo es en el cumplimiento normal de sus obligaciones, para evitar un efecto domino de incumplimientos que terminen agravando la recesión económica que se avecina. Sobre todo para garantizar que empleadores cuenten con una liquidez mínima, que les permita el pago a sus trabajadores y no se vean obligados a suspender, terminar o incluso liquidar sus empresas, aumentando automáticamente los márgenes de desempleo y pobreza en el país.

En conclusión, la fuerza mayor en tiempos del Covid-19 es una excepción y no una regla general.  Por lo tanto, si usted esta pensando no pagar alguna de sus obligaciones escudado en la fuerza mayor, es mejor que consulte si las circunstancias especificas de su caso se acomodarían a esta causal.

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