Obligaciones

LOS ARRENDATARIOS AMPARADOS POR EL DECRETO 797 YA NO DUERMEN TRANQUILOS

OPINIÓN DECRETO 797 DEL 2020

«Mientras la Corte Constitucional no publique el fallo de inexequibilidad del Decreto 797 de 2020, los arrendatarios que terminaron los contratos amparados en el presente Decreto no van a poder dormir tranquilos.»

Por: Daniel Castañeda Granados

La norma

Para quienes desconocen la norma, el Decreto 797 de 2020, le permitía a los arrendatarios terminar unilateralmente los contratos de arrendamiento de local comercial, únicamente pagando un tercio de la cláusula penal, eximiéndose así del pago de penalidades, multas, sanciones u otro concepto relacionado con indemnización de perjuicios.

La norma, les otorgaba el beneficio mencionado a los arrendatarios de locales relacionados con actividades económicas especificas, tales como bares, discotecas, billares, turcos, balnearios, teatros, cines, servicios religiosos, alojamiento, servicios de comida entre otros.

Amparados en la norma, miles de arrendatarios hicieron uso de esta prerrogativa, pero no contaron con que meses después la Corte declaró inexequible el Decreto 797 de 2020 mediante sentencia C-409 de 2020, la cual no ha sido publicada y no sabemos si el fallo se vaya a modular de manera retroactiva o prospectiva.

La sentencia

La Corte Constitucional con buen juicio, consideró que el Decreto supuso una intervención arbitraria en los contratos de arrendamiento, pues el Gobierno Nacional debió propugnar principalmente por la conservación de los contratos y no incentivar la terminación masiva de contratos, decisión está que debe recaer principalmente en las partes, quienes cuentan con múltiples mecanismos para solucionar los conflictos de forma autocompositiva.

Los posibles efectos

A la fecha no conocemos si los efectos de la inexequibilidad van a ser retroactivos o irretroactivos, no sabemos si los arrendadores van a tener que devolver la clausula penal o si los arrendatarios van a tener que pagar las penalidades, multas, sanciones e indemnizaciones, que tradicionalmente el artículo 2006 del Código Civil les impone a los arrendatarios que terminen unilateralmente contratos antes del término de vencimiento.

Solución práctica

Mientras la Corte mantenga esta incertidumbre, sólo me queda por ofrecer una solución práctica cual es la de regularizar las actas de terminación celebradas en el marco del Decreto 797 de 2020, como “Contratos de Transacción”, en donde quede constancia que las partes deciden precaver cualquier litigio futuro relacionado con la terminación unilateral y por autonomía de la voluntad las partes reconozcan efecto extintivo a dichas terminaciones.

Hagamos lo que el Gobierno nacional no pudo hacer con el Decreto 797 de 2020 y es propugnar por la autocomposición y la solución inter-partes de los conflictos relacionados con el Contrato, al menos para que los arrendatarios puedan sentirse confiados de que la modulación de la Corte no va a destruir situaciones jurídicas consolidadas de buena fe.

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